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En abril de 2026, el Ministerio de Hacienda ingresó a Contraloría un recorte de $51.750 millones al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio — casi el 10% de su presupuesto total. Tres programas quedaron sin recursos. El Pase Cultural perdió un tercio del suyo. Los Fondos Culturales y Artísticos que financian música, libro, audiovisual y artes escénicas se redujeron en $13.087 millones.
No es la primera vez. No será la última.
Lo que este recorte expone no es solo una cifra: es la fragilidad estructural de un modelo que lleva décadas sosteniéndose sobre una sola base
FONDART nació en 1992, en plena recuperación democrática, como respuesta a una pregunta urgente: ¿cómo el Estado sostiene la creación cultural después de años de represión y abandono? La Comisión Garretón, que diagnosticó el estado de la cultura chilena en ese momento, identificó como problemas centrales la escasez de recursos, la falta de políticas y la descoordinación institucional. FONDART fue la respuesta concreta: un fondo concursable, público y abierto, que en su primera edición adjudicó $750 millones a 263 proyectos. Treinta años después, según el Ministerio de las Culturas, ese monto había crecido en más de un 465%, y se habían financiado más de 45 mil proyectos en todo el país.
Para la orfebrería y la joyería, ese crecimiento tuvo consecuencias reales. FONDART es, hasta hoy, una de las pocas vías concretas de financiamiento para investigación, circulación y formación en el oficio. A través de su línea de artesanía —que contempla también arquitectura y diseño— ha permitido que orfebres y joyeros desarrollen proyectos que difícilmente podrían sostenerse con recursos propios: publicaciones, residencias, exposiciones, registro de técnicas. En un campo donde el mercado no alcanza para financiar la investigación ni la memoria del oficio, el fondo público ha sido, muchas veces, la única alternativa.
Ese rol, sin embargo, tiene un límite estructural. Según BioBioChile, cada ajuste presupuestario se traduce en lo mismo: proyectos que no se ejecutan, equipos que se reducen y organizaciones que operan sin horizonte. El Observatorio de Políticas Culturales advierte además que el fondo de apoyo a programas culturales del CNTV ha sufrido un recorte de más del 40% entre 2021 y 2025. Y la promesa del Presidente Boric de destinar el 1% del presupuesto nacional a cultura — que habría sido un hito histórico — nunca se cumplió. Al cierre de su gobierno, la cultura representaba el 0,6% del gasto público.
No tiene una respuesta simple. Diversificar fuentes —filantropía, alianzas privadas, cooperación internacional— es necesario, pero no resuelve el problema para quienes operan en territorios o disciplinas donde esas alternativas no existen. El Estado no puede retirarse de ese rol. Pero el sector tampoco puede seguir funcionando como si ese rol fuera permanente e incondicional.
Lo que sí es claro es que cuando el presupuesto decide qué cultura existe, el patrimonio inmaterial es siempre el más expuesto. No tiene infraestructura que mostrar ni cifras de audiencia que defender. Solo tiene el conocimiento que vive en quienes lo practican — y eso, en un debate fiscal, raramente pesa lo suficiente.
(Fuentes: The Clinic, BioBioChile, Observatorio de Políticas Culturales, Ministerio de las Culturas — abril 2026)
